Las inundaciones constituyen el fenómeno natural que mayor incidencia tiene en la sociedad española. Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, en nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media en 800 millones de euros anuales. En el período 1971-2009, según las estadísticas del Consorcio corresponden el 62,80 % de la siniestralidad total a inundaciones, seguido de un 19,29 a tempestades ciclónicas y un 7,44% al terrorismo, pagando el Consorcio, de media, más de 100 millones de euros al año en indemnizaciones a bienes asegurados por los daños causados por las inundaciones.
Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil y la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dentro del marco de sus competencias, dispone también de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) en las distintas cuencas hidrográficas, como herramienta básica para la predicción y gestión de las inundaciones, además del programa de Seguridad de presas y embalses y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. En este enlace puede acceder a la información de la Comisión Europea de desarrollo de esta Directiva. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).
El enfoque tradicional al abordar este riesgo ha sido el de plantear soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas de defensa, etc. ...). Sin embargo, éstas medidas han resultado, en determinados casos, insuficientes además de producir impactos ambientales significativos. Por ello, de acuerdo con lo establecido en la Directiva, resulta necesario profundizar aún más en las medidas de gestión del riesgo y la ordenación del territorio como instrumentos fundamentales.
